La falta de un
modelo constitucional autonómico y el hecho de que la descentralización de
España se haya hecho para contentar a los nacionalistas y a impulsos electorales
de los barones territoriales de los partidos políticos han dado lugar a que
resulte un Estado autonómico en el que proliferan las duplicidades o
triplicidades, las redundancias y los excesos administrativos, porque se ha
generalizado una mentalidad “autonómica” que consiste en asumir la mayor
cantidad posible de competencias, porque a más competencias mayor poder, aunque
sea necesario endeudarse para ejercer competencias adicionales.
Los políticos gobernantes de las entidades políticas territoriales, comunidades autónomas o ayuntamientos han procurado obtener la mayor cantidad posible de competencias, sin tener en cuenta si ello beneficiaba o no a los ciudadanos y tampoco si podían ejercerlas eficientemente, dados sus recursos disponibles. Finalmente las CCAA se han convertido en voraces mini-Estados que han intentado dotarse de una administración cuasi-estatal, desproporcionada y despilfarradora, en la que abundan las duplicidades.
La concurrencia de
administraciones superpuestas (estatal, autonómica, provincial y municipal) es
causa de numerosas duplicidades y redundancias. El sistema autonómico existente
sufre de falta de coordinación efectiva, que produce duplicidades en la
actuación y en su coste, pues han multiplicado por 17 los órganos y entidades de
la Administración: 17 Parlamentos, 17 Gobiernos autonómicos, 17 Defensores del
Pueblo, 17 Tribunales de Cuentas, 17 Agencias de Protección de Datos, 17
Institutos Meteorológicos, 17 Institutos de Estadística, 17 TVs públicas
(algunas de ellas con varios canales) y, en fin, 17 de todo, como un verdadero
semi-Estado que se precie. ¡Ah!, y miles de empresas públicas y entes
autonómicos; así como órganos representativos para mejorar las relaciones
“internacionales”: embajadas y oficinas comerciales y de turismo en el
extranjero, amén de oficinas de representación en Madrid y en otras capitales
españolas. En 1999, el Gobierno vasco contaba con una única oficina en el
exterior (Bruselas). Hoy en día, su red cuenta con ocho embajadas. En los
últimos nueve años el País Vasco ha destinado 27,6 millones de euros a esta
política. Lo mismo ocurre también en Cataluña, que cuenta con delegaciones en
Alemania, Reino Unido, Nueva York y Francia, para lo que se han destinado, en
2009, 25,9 millones de euros.
Actualmente el
grado de descentralización del gasto público en las ruinosas CCAA es mayor en
España que en cualquier Estado federal. Se estima en 40.000 millones de euros el
despilfarro existente como “gasto excesivo”, por la existencia de duplicidades y
redundancias. Por mi parte, yo creo que esa estimación se queda corta, y que la
verdadera cifra de gasto innecesario por duplicidades sería de unos 50.000
millones. En todo caso, dicha cifra es muy considerable, teniendo en cuenta que,
en 2011, las CCAA costaron 86.333 millones de euros, solo en personal y gastos
corrientes.
Además, hay que
tener en cuenta que, en marzo de 2011, los empleados públicos en las CCAA eran
1.748.160, y que de ellos, solo algo menos de la mitad de esa cifra se explica
por el traspaso de competencias. En dos años, en plena crisis económica, el
empleo público en las Autonomías —que ha favorecido principalmente a militantes
de los partidos y a otros enchufados— ha aumentado en 415.316 personas; en enero
de 2009, los empleados públicos sólo eran 1.332.844. Ese aumento se debe a que
las administraciones autonómicas han seguido creciendo en ese periodo para poder
ocuparse bien de las duplicidades y de las redundancias existentes.
Ante estas cifras
un observador extranjero, desconocedor de nuestro singular Estado de las
Autonomías, deduciría que en España somos muy ricos, a la vista del aumento de
empleados públicos y del coste de las lujosas CCAA, por gastos públicos
necesarios y por duplicidades y redundancias. Pues ¡nada de eso! Lo que ocurre
es que, los gobernantes autonómicos, si no hay consignación presupuestaria para
un gasto importante para ellos, acuden inmediatamente a la deuda pública.
Efectivamente, la pésima e irresponsable costumbre del endeudamiento se da tanto
en las Comunidades gobernadas por el PSOE, como en las del PP y en la
nacionalista Cataluña. Todos los partidos políticos tienen el mismo vicio:
gastar por encima de lo presupuestado y de las posibilidades. ¡Si al menos lo
gastaran bien! Pero, ¡no!: las cuentas de las CC.AA. son escandalosas porque,
muchas veces, muestran inútiles despilfarros. ¡Claro!, parece que el dinero que
gastan no es de nadie, ni siquiera de los contribuyentes.
El problema es de
base. Las CCAA llevan años presupuestando por debajo de lo que gastan en la
Sanidad —entre un 15 a 20% menos, según los expertos— y esa diferencia continúa
acumulándose. La Infra-financiación es el principal problema que aducen la
mayoría de las comunidades cuando se les menciona la deuda. Lo que no dicen es
que esa Infra-financiación se debe a que la prestación de servicios sanitarios
es, por economías de escala, por lo menos un 20 % más caro si lo gestionan 17
CCAA que si lo hace directamente la administración del Estado.
Por ello, como
demostraron S. Alcelay e Y. Gómez, en un artículo publicado en ABC el 2 de abril
de 2012, “las Autonomías han doblado el gasto en Sanidad y educación en diez
años”. Desde luego, ello no se debe a que han duplicado los servicios sanitarios
en diez años, sino al mayor coste de la Sanidad y de la Educación, si la prestan
17 CCAA en vez del Estado, y también a la existencia de duplicidades y
redundancias.
En definitiva, lo
que resulta indudable es que nuestro modelo autonómico es muy ruinoso para los
ciudadanos, que sufren los recortes sociales, los copagos y los aumentos de
impuestos que son necesarios para reducir la asfixia financiera de las CCAA, que
ellas mismas han provocado con sus despilfarros, sus duplicidades y su excesivo
endeudamiento.
Pero, ¿existe
alguna manera de eliminar las duplicidades Estado-CCAA? Por supuesto que sí; hay
varias formas de eliminarlas. La primera, tan obvia como radical, es eliminar
las Autonomías, aunque ello tropieza con dos obstáculos enormes: uno, porque la
autonomía territorial es un derecho reconocido en la Constitución española y
para eliminarla es preciso modificar profundamente la Constitución; otro, porque
los partidos mayoritarios y los nacionalistas prefieren mantener las actuales
CCAA en vez de refundar el Estado, ya que las Autonomías son una fuente de poder
y de puestos de trabajo para la clase política y para los militantes de los
partidos políticos. En efecto, las CCAA mantienen a legiones de políticos y de
enchufados.
Para eliminar las
costosas duplicidades Estado-CCAA hay que proceder por fases. Lo más urgente es
revisar la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA, porque
aunque el modelo previsto en los artículos 148 y 149 de la CE es asumible, la
aplicación abusiva de lo previsto en el artículo 150.2, referente a la
posibilidad de transferir a las comunidades autónomas facultades de competencia
exclusiva del Estado, ha vaciado la Administración del Estado, que
actualmente realiza sólo el 21 % del gasto público, por lo que se ha convertido
en una administración residual. Por lo tanto, el Estado debe reasumir las
competencias exclusivas que le corresponden constitucionalmente, evitando la
mayoría de las duplicidades y redundancias existentes. Todos los españoles,
independientemente del lugar en que habiten, deben obtener los servicios
sociales con un nivel de calidad similar, pero ya sabemos que ciertas
comunidades autónomas, como Cataluña, aplican prioritariamente los recortes
presupuestarios a la Sanidad y a otros servicios sociales en lugar de hacerlo en
asuntos identitarios y en “adelgazar” la administración y las empresas
públicas.
Además, es
indispensable la aprobación de leyes orgánicas que normalicen las autonomías
territoriales en un nivel semejante, para que todos los territorios autónomos
establezcan techos competenciales.
Antes o después,
deberemos entrar en razón y, sea para lograr el bien común o por imposición de
Europa —tal vez tras una intervención o rescate de España— ante la
insostenibilidad económica del “café para todos”, tendremos que conformarnos con
el “café para unos pocos” o, incluso, con ningún café para ninguna comunidad
territorial. En todo caso, el “café” autonómico debe ser "no atractivo".
Y el café se conseguirá cuando sea verdaderamente autofinanciable, es decir,
solo con los impuestos de los habitantes de cada territorio autónomo, en vez de
ser financiado por el Estado; o sea, por el resto de los españoles, como ahora.
¡Ah!, y cuando digo autofinanciación de la autonomía, quiero decir que sea
suficiente para pagar también las amortizaciones y los intereses de la deuda
pública de cada comunidad autónoma. Y el “café” se conseguirá asimismo cuando
las competencias autonómicas sean pocas, tasadas y no ampliables con
transferencias de competencias exclusivas del Estado. En fin, el “café”
autonómico será amargo si deja de ser el chollo que es actualmente para los
nacionalistas, incluso electoralmente, y pasa a ser un mal negocio. Y, por
supuesto, a la comunidad territorial que no le guste esa autonomía, siempre
podrá renunciar a ella, para ser igual que las otras comunidades de régimen
común. ¡Se trata de dejar de privilegiar las Autonomías!
Por supuesto, los
partidos mayoritarios y los nacionalistas persistirán en su actitud de no
modificar las Autonomías, aunque saben que conllevan costosas duplicidades y
ruinosos despilfarros. ¿Qué podemos hacer entonces los ciudadanos para que PP y
PSOE se avengan a eliminar las duplicidades Estado-CCAA, y a reformar
profundamente las Autonomías? Pues sencillamente luchar democráticamente contra
ellos hasta que cambien de actitud sobre este asunto, lo que exige llevar a
cabo, entre otras cosas, lo siguiente:
- Influir en la opinión pública mediante campañas para que sean conscientes de que deben desaparecer esas costosas duplicidades, reformando el Estado de las Autonomías.
- Pedir la celebración de un Referéndum sobre duplicidades Estado-CCAA.
- Exigir la devolución al Estado de las competencias de Sanidad, Educación y Justicia, así como de otras que se estimen convenientes para evitar duplicidades y redundancias.
- Votar solo a partidos políticos que propugnen la eliminación de esas duplicidades mediante la reforma del Estado de las Autonomías; o, incluso, la eliminación de las CCAA, tras la necesaria reforma de la Constitución.
JOAQUÍN
JAVALOYS (@javaloys)
5 comentarios:
Es una descripción completamente lúcida la que hace de nuestra situación económica. Es para echarse a temblar.
Un abrazo
Excelente y documentado articulo.Lastima que los miembros de el gobierno no sepan leer digo yo.un saludo,
Es un clamor entre la gente, ahora que lo quieran asumir los políticos...
Saludos desde mi medio retiro tranquilizante, Herep.
EL INUTIL, FALSO E INSOSTENIBLE "bipartidismo", ese es el Meollo de toda esta mierda.
Saludazo.
Brindis
y
¡¡RIAU RIAU!!
Permitidme que conteste a todos a la vez... ya que poco más puede añadirse.
El problema está perfectamente fijado, pero la solución depende de quienes son el problema, y así poco vamos a arreglar.
Nadie va a cargarse un chiringuito en el que la bebida es gratuita, amigos.
Más bien creo que serán los acontecimientos, que acabarán arrastrándonos a un punto en el que todas estas ratas deberán abandonar el barco... pero dentro de los maleteros de los coches oficiales, camuflados caminito de la frontera.
Tiempo al tiempo.
Un abrazo a todos, campeones, y que tengan un buen día sus mercedes.
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